El Movimiento Carlos Mugica participó de una conferencia de prensa y asamblea en Córdoba para advertir sobre el impacto de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Más de 40 mil familias cordobesas podrían verse afectadas.
El Movimiento Carlos Mugica formó parte este jueves 30 de abril de la conferencia de prensa y asamblea en defensa de los barrios populares, convocada en el Arzobispado de Córdoba por la Mesa de Barrios Populares y la Vicaría de los Pobres. La actividad reunió a organizaciones sociales, referentes territoriales y actores eclesiales para expresar preocupación frente al proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa el Gobierno nacional.
La iniciativa genera alarma por su posible impacto sobre la Ley 27.453, normativa clave para la integración socio-urbana de los barrios populares, y que podría implicar un retroceso en derechos ya conquistados. En la provincia de Córdoba existen actualmente 318 barrios registrados en el RENABAP, mientras que se estima que más de 40 mil familias podrían verse afectadas por los cambios propuestos.
En un contexto de paralización de políticas públicas y suspensión de obras, desde las organizaciones señalaron la urgencia de visibilizar la situación y defender los avances logrados en materia de acceso a la tierra, la vivienda y los servicios básicos.
“Nos quieren hacer retroceder”
Durante la asamblea, una vecina del barrio 12 de Septiembre, en la zona sur de la ciudad, tomó la palabra y expresó con emoción el impacto concreto que estas medidas pueden tener en la vida cotidiana.
“Es gravísimo. Nos pone en riesgo a todos. Hoy estamos hablando de miles de familias que luchamos para tener un techo, para tener luz, agua, para construir nuestros barrios. Y ahora nos quieren hacer retroceder”, señaló.
En su testimonio, recordó los inicios del barrio, cuando las familias comenzaron a organizarse para ocupar tierras y construir viviendas precarias, y cómo, con el tiempo, fueron generando condiciones de vida dignas a través del trabajo comunitario.
“Empezamos con cuatro palos, un nylon y una chapa. Y de a poco fuimos construyendo nuestras casas, nuestras calles, nuestras plazas. Eso es la integración socio-urbana: no es solo tener servicios, es construir comunidad”, afirmó.
También advirtió sobre el riesgo de desalojos y la vulneración de derechos básicos: “No es solo que te sacan de tu casa, te sacan del lugar donde criás a tus hijos, donde construiste tu vida. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando?”.
El valor del hogar y la comunidad
El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, participó del encuentro y aportó una mirada centrada en el valor humano y social del derecho a la vivienda.
“El hogar es el lugar donde podemos reír y llorar, donde encontramos abrigo, cuidado y pertenencia. No tener hogar resume uno de los sufrimientos más profundos de nuestro tiempo”, expresó.
Rossi también retomó conceptos del papa Francisco para destacar lo que definió como la “sabiduría de los barrios populares”, construida desde la solidaridad y la organización comunitaria.
“En los barrios se tejen lazos de cuidado, de convivencia, de resistencia. Son espacios donde se comparte el pan, donde nadie queda afuera. Esa experiencia no puede ser ignorada ni vulnerada”, sostuvo.
Al mismo tiempo, cuestionó las desigualdades estructurales en el acceso a la tierra y la vivienda: “No podemos desconocer la injusticia de una sociedad donde unos pocos concentran la riqueza mientras una mayoría se ve empujada a vivir en condiciones precarias”.
La tierra es un derecho sagrado
El referente del Movimiento Carlos Mugica, Marco Galán, advirtió que el proyecto en discusión impacta de lleno sobre los barrios populares y amenaza con desarmar uno de los principales avances en materia de integración socio-urbana de los últimos años.
Para el dirigente, la iniciativa no solo pone en riesgo derechos concretos de miles de familias, sino que consolida un modelo que expulsa a los sectores populares del acceso a la tierra y la vivienda. En este sentido, cuestionó la intención de modificar la Ley 27.453, una herramienta clave que permitió reconocer, registrar y comenzar a urbanizar cientos de barrios en todo el país.
“En simples palabras, pero sin quitarle gravedad, estamos afectando directamente a los sectores más empobrecidos, que no tienen acceso a la tierra y que dependen de estas políticas para poder vivir dignamente”, sostuvo.
Galán remarcó que la ley que hoy se busca modificar fue producto de años de organización comunitaria y consenso político, y que su debilitamiento implicaría un retroceso concreto para las familias que habitan barrios populares.
“Estamos hablando de barrios que se construyeron desde abajo, con esfuerzo colectivo, donde las familias no solo levantaron sus casas sino también sus calles, sus espacios comunitarios, sus redes de cuidado. Poner eso en riesgo es desconocer esa historia y esa realidad”, señaló.
Además, vinculó esta discusión con un modelo más amplio que favorece la concentración de la tierra y la especulación, en detrimento del derecho a la vivienda. Según explicó, medidas de este tipo tienden a reforzar la desigualdad estructural y a profundizar la exclusión.
“Lo que está en juego no es solo una ley, es la posibilidad de seguir avanzando en la integración socio-urbana o retroceder a un escenario donde miles de familias vuelvan a estar expuestas a desalojos y a la incertidumbre”, advirtió.
Finalmente, retomando una consigna profundamente arraigada en las luchas populares, concluyó: “La tierra y el trabajo son derechos sagrados. Y cuando se ponen en discusión, son siempre los barrios populares los primeros en sufrir las consecuencias”.
