Por Marco Galán
La decisión de la Secretaria de Comercio Interior nos parece justa y necesaria, en este contexto donde la pobreza y la indigencia han crecido, para el caso de la ciudad de Córdoba hablamos de un 46% de hogares bajo la línea de pobreza y la inflación de los alimentos en los últimos 12 meses está por encima del 55%. En este contexto de pobreza, heredado del gobierno de cambiemos, y agudizado por la pandemia, han resultado abusivos los aumentos de precios provocados por los monopolios que concentran la producción y distribución de la mayor parte de los alimentos. El proceso inflacionario, como expresión de la disputa en la distribución del ingreso a través del aumento de los precios, es una de las formas de captación de los excedentes que genera la economía argentina por parte de los grupos económicos, quienes prefieren vender menos productos o la misma cantidad, pero a mayor precio, así lo que el estado transfiere en políticas públicas como la tarjeta Alimentar, AUH, las jubilaciones, pensiones, etc., se pierde con la escalada descontrolada de precios y va al bolsillo de los especuladores.
Esta medida debe formar parte de la recuperación del poder regulador del Estado (que de alguna manera expresa la correlación de fuerzas en una sociedad democrática), sobre los mercados monopolizados, como única posibilidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de tener garantías, de lo contrario serán las grandes corporaciones económicas quienes nos gobiernen.
Es importante reclamar la participación activa de los gobiernos provinciales y locales; en este marco han sido importantes las reuniones realizadas por la Secretaría de Comercio Interior con los estados provinciales para acordar mecanismos institucionales de regulación. En tal sentido el gobierno de Córdoba y los gobiernos municipales, especialmente el de la Ciudad capital, tienen capacidad institucional con sus estructuras de inspectores y deben participar del control de precios, para cuidar a los Cordobesas y Cordobeses de las empresas que violan la ley al no cumplir la resolución de precios máximos.
Es necesaria una campaña educativa impulsada por el estado, sumada a una aplicación para celulares donde estén las listas de precios, que facilite el monitoreo ciudadano y las denuncias, para que efectivamente el estado aplique multas ejemplificadoras.
Espacios institucionales como el Consejo de Políticas Sociales, el Consejo Económico Social, los Consejos Sociales de UNC, el Consejo Social de FCS y tantas otras instancias, donde participan empresarios, Iglesias, referentes de Universidades, gobiernos locales y las más diversas organizaciones sociales, tienen que activarse e incorporar esta agenda, generando Observatorios de precios y movilizar así a las organizaciones para construir una cultura ciudadana que sostenga debates con información clara frente a las posiciones de los medios de comunicación hegemónicos.
Las organizaciones de la economía popular y los diversos movimientos sociales, que hemos abordado la problemática del hambre, con diversos dispositivos como merenderos, comedores, ollas populares, tenemos un rol muy importante no como controladoras de precios, que es donde nos quieren empujar los medios, para que nuestras acciones se asimilen a imágenes de saqueos. Por el contrario, podemos aportar a orientar las compras de productos que respeten los procesos máximos, monitorear, realizar denuncias frente a los abusos entre otras tantas acciones. Esta agenda enmarcada en los precios de los alimentos debe incluir a los sindicatos, quienes pautan un aumento paritario y después las/os trabajadores lo pierden en el supermercado, las estructuras de delegados/as pueden movilizarse para generar información valiosa dentro de los procesos de producción y comercialización de los alimentos.
Entre las acciones a impulsar es importante generar una legislación que institucionalice espacios de participación ciudadana que incidan en democratizar los procesos económicos referidos a la cadena de producción, distribución, comercialización, a los fines de monitorear la rentabilidad de cada eslabón.
La aplicación de la ley de góndolas, sumado a una política de soberanía alimentaria que garantice alimentos producidos de manera agroecológica, debe ser el camino que se materialice en mercados populares, donde productores y consumidores en el marco del consumo solidario y precios justos generen una forma de producir y consumir alternativa al mercantilismo capitalista que ha trasformado a los alimentos en commodities. Este es el otro gran debate que incluye entre otros aspectos la ley de tierras que la UTEP hoy está reclamando en el Congreso Nacional.