En una jornada de fuerte movilización, gremios estatales y organizaciones sociales se concentraron frente a la Legislatura para reclamar por el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y rechazar la reforma laboral. Marco Galán, presidente de la Mutual Carlos Mugica, advirtió sobre la gravedad de la situación provincial y la necesidad de políticas que protejan tanto a los trabajadores como a la economía popular.
Este martes 9 de diciembre, distintos gremios estatales y organizaciones sociales se movilizaron frente a la Legislatura de Córdoba para reclamar por la situación crítica de la Caja de Jubilaciones y expresar su rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.
Marco Galán, presidente de la Mutual Carlos Mugica, estuvo presente en la concentración y analizó el escenario provincial: “Córdoba está atravesando una crisis muy grave porque el Gobierno nacional dejó de transferir los fondos que corresponden a la compensación de la Caja de Jubilaciones”, explicó en diálogo con Radio La Ranchada, previo a la manifestación.
Según Galán, solo nueve provincias —entre ellas Córdoba— decidieron no transferir sus sistemas previsionales al ANSES. En esos casos, la Nación debe enviar fondos compensatorios para cubrir parte del déficit previsional. No obstante, afirmó que desde el inicio de la actual gestión nacional “no ha llegado prácticamente ningún centavo”.
La falta de transferencias genera un déficit provincial estimado en 150.000 millones de pesos. “Para dimensionarlo: eso equivale a construir unas 30.000 viviendas”, señaló Galán. Actualmente, este monto se cubre con recursos propios del Estado provincial, provenientes de los impuestos que pagan los cordobeses.
La movilización también incluyó un fuerte rechazo al proyecto de reforma laboral que se discute a nivel nacional. Galán advirtió que, de aprobarse, implicaría la pérdida de derechos conquistados por los trabajadores: “Están en riesgo las vacaciones, las indemnizaciones y las condiciones básicas de quienes aún mantienen una relación de dependencia”, sostuvo.
En ese sentido, enfatizó la importancia de visibilizar la posición de cada representante cordobés en el Congreso: “Hay que señalar claramente qué diputados y senadores de Córdoba van a terminar votando esta ley, porque serán responsables de que muchos trabajadores pierdan sus derechos”.
La agenda de la economía popular
Los movimientos sociales también llevaron sus propios planteos a la Legislatura. Entre ellos, la necesidad de garantizar por ley que al menos el 5% de las contrataciones del Estado se destinen a la economía popular, así como la creación de partidas para el trabajo autogestionado y la reactivación de políticas de loteo y vivienda.
Galán recordó que, según un reciente informe del CONICET, junto a la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto, el 47% de la población cordobesa vive de la economía popular, “sin acceso al crédito ni a la capacitación”, lo que refuerza la urgencia de políticas públicas específicas.
Diciembre: decisiones clave
Finalmente, Galán contextualizó el clima de conflictividad social propio de diciembre: “Es el mes donde se votan los presupuestos y se define el rumbo del año que viene. Si no estamos en la calle, otros deciden por nosotros”.
A la vez, destacó que el conflicto se exprese políticamente: “Lo más saludable es que las demandas se canalicen a través de las organizaciones, que haya propuestas y que se abran espacios de diálogo y negociación”.
Las actividades continuarán durante la jornada con audiencias públicas y nuevas intervenciones frente a la Legislatura de Córdoba, donde sindicatos y organizaciones sociales buscan que sus reclamos sean escuchados.
